Calderón inclina la balanza en el "triple play

Pese a las fuertes acusaciones de que el gobierno de Felipe Calderón busca favorecer a Televisa, y a la operadora española Telefónica, que en México dirige el exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, el martes 26 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció las bases para la licitación de la red de fibra óptica de la CFE y sigue adelante con la puja por las concesiones de la banda de 1.7 y 1.9 Gigahertz. Una decisión que indica claramente de qué lado está el gobierno federal, ya que los afectados son el Grupo Salinas, MVS, Telmex... y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Las licitaciones de la banda 1.7 GHz para telefonía móvil de cuarta y quinta generación, así como la del primer par de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para servicios de internet en banda ancha, tienen los “dados cargados” y constituyen “un traje a la medida” de Televisa, Nextel y Telefónica.

En eso coinciden los abogados de las empresas Iusacell-Unefon, propiedad de Ricardo Salinas, y MVS, de Joaquín Vargas, pero también especialistas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y hasta exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La semana pasada Iusacell y MVS interpusieron amparos en contra de las bases que dio a conocer la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en noviembre de 2009 para dicha licitación, y a la cual se han inscrito 44 consorcios para los 70 MHz de la banda 1.9 GHz y 49 para la licitación de 90 MHz de la banda 1.7 GHz.

Esta última banda, cuyo valor comercial por megaherzt asciende a casi 32 millones de pesos, viene precedida por una polémica que se generó en el Congreso al aprobarse la exención del pago de derechos por dos años a quien gane la licitación de la 1.7 GHz. Este privilegio fiscal se calcula en 5 mil 600 millones de pesos y fue incluido en un transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos, lo que provocó una agria disputa en el seno de las bancadas del PAN en la Cámara de Diputados y en el Senado (Proceso 1724).